“ Estoy bién pero pronto se me pasará ”

Inteligencia de Carabineros en el estallido: rastreo de inexistentes agentes extranjeros y monitoreo a observadores de derechos humanos

Durante el primer mes del estallido social de 2019, la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) centró sus esfuerzos y recursos en rastrear a más de 23.000 ciudadanos extranjeros basándose en la hipótesis infundada de una infiltración de agentes cubanos y venezolanos, línea que finalmente debió ser descartada tras perder semanas de investigación. Paralelamente, los archivos filtrados revelan que la policía uniformada clasificó como "hostil" e investigó la trayectoria política, redes ...

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¡CUIDADO! El plan «antinarco» de Kast es una trampa: MILITARIZACIÓN para CONTROLAR PROTESTAS

El gobierno de Kast impulsa un quinto estado de excepción bajo la excusa de la seguridad pública, pero su verdadero objetivo es criminalizar la protesta social. Mientras el Ejército chileno enfrenta el escándalo de corrupción del «Milicogate» (con generales condenados por fraude de más de $3.000 millones), se busca entregarles el control de los barrios populares. El plan incluye modificar la ley antibarricadas para castigar cortes de tránsito pacíficos y facultades para interceptar comunicacion...

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Hija de «falsa detenida desaparecida» recibió pensión estatal vitalicia de $800 mil pesos

SANTIAGO.? El hallazgo en Argentina de Bernarda Vera Contardo, quien figuraba oficialmente desde 1993 como ejecutada y detenida desaparecida en el Informe Rettig, destapó una millonaria trama de beneficios estatales. Su hija, Claudia Rey Vera, de 58 años, percibió durante décadas una pensión de reparación del Estado de Chile que ascendía a los $800.000 pesos mensuales. El origen del beneficio Claudia Rey tenía solo 5 años en 1973 cuando vio por última vez a su madre, perdiendo tod...

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? ¡CÁRCEL PARA PERIODISTAS Y SUS FUENTES! El polémico proyecto de «Ley Mordaza 2.0» llega al Senado

El Senado de la República votará este martes la controversial iniciativa legal conocida como «Ley Mordaza 2.0», un proyecto de ley que busca imponer sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500 UTM a quienes divulguen información sobre investigaciones judiciales en curso. La medida ha generado un transversal rechazo en gremios como la Asociación Nacional de la Prensa, el Colegio de Periodistas, ANATEL y destacados constitucionalistas, quienes advierten que vulnera la libertad ...

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